El 20 de junio de 2008 en un bar discoteca de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Pública encabezó un operativo policiaco para impedir la venta de bebidas alcohólicas y drogas a menores de edad. Pero debido a la fallida planeación policiaca, aunado al sobre cupo de personas y que la salida de emergencia estaba bloqueada, murieron asfixiadas 12 personas, entre ellas, dos policías auxiliares, un policía judicial y nueve clientes del establecimiento.2
La policía detuvo al dueño del lugar, Alfredo Maya Ortiz y a los empleados, Víctor Rodrigo Delgado Hernández, Mariana de la Cruz Gayosso y Juan Andrés Santos, como presuntos responsables de lo sucedido, mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública, incriminaba al dueño del establecimiento, Alfredo Maya, de haber sido el culpable de la estampida que causó la muerte de las diez personas.2
Posteriormente el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón declaró que los servidores públicos que ejecutaron el operativo de verificación en el establecimiento New's Divine: "cometieron graves errores y serán los primeros en ser castigados con apego a la ley, junto con aquellos funcionarios de la delegación Gustavo A. Madero que autorizaron y permitieron el funcionamiento del antro"3 y anunció la destitución del encargado del operativo, Guillermo Zayas González, que se desempañara como director regional de la zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública y coordinador del Unipol en la delegación Gustavo A. Madero.4
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del Ombudsman Emilio Álvarez Icaza, elaboró un Informe Especial en donde se comprueban las diversas violaciones a Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. (SSPDF), la Procuraduría General de Justicia del D.F. (PGJDF) y personal de la delegación Gustavo A. Madero. Entre los altos funcionarios responsables de la tragedia se señalan a Joel Ortega Cuevas, como responsable de la SSPDF, al Subsecretario de la SSPDF, Luis Rosales Gamboa, Rodolfo Félix Cárdenas, a cargo de la PGJDF, y el ex-delegado de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil. Sin embargo, el Informe Especial omite la responsabilidad de los hechos al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, en lo que corresponde a su actuación omisa el 20 de Junio de 2008 y a su negativa de modificar su política de seguridad pública violatoria de derechos humanos que la propia Comisión de Derechos Humanos del D.F. había documentado a lo largo de su administración (2006-al día de los hechos).
Por su parte, el Partido Acción Nacional solicitó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón evaluar el desempeño de Joel Ortega y con base en ésta decidir si pide al presidente Felipe Calderón Hinojosa removerlo del cargo.5 Por último, Ortega en conferencia de prensa, reconocía que, hubo errores en la operación de la policía, afirmando que, se realizará la investigación con todo el material con el que cuenta la dependencia, incluyendo un video sobre los hechos ocurridos en la discoteca.6
El 23 de junio de 2008 se dio a conocer un video donde se demuestra que el caos lo originaron los policías, cuando, algunos de ellos con pasamontañas, entraron al bar discoteca con armas de asalto, a gritos y golpeando para desalojar el inmueble.7
En esta prueba, se observa que es la policía quien cierra las puertas, creando un tapón humano, mientras, al interior golpeaban y proferían insultos a los jóvenes. También se ve al dueño del lugar dirigirse a los muchachos pidiendo que desalojen tranquila y ordenadamente,7 por ello, Alfredo Maya y Juan Andrés Santos, serían consignados por el delito de corrupción de menores y no por homicidio.6
